Los reclamos de los operadores chilenos contra las nuevas bases y condiciones presentadas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SJC) para la licitación de 12 casinos, han sido recibidos por Felipe Harboe, senador de Ñuble y Biobío. El funcionario exigió una “discusión inmediata”, mediante un proyecto de ley, para evitar que se lleve a cabo el proceso hasta llegar a un acuerdo que contemple todas las posturas.
“La verdad es que —en el contexto de la pandemia— estamos viviendo una situación extremadamente difícil, particular, especial, que hace recomendable que estas licitaciones se posterguen para lograr una recuperación económica”, justificó Harboe.
El senador considera que las propuestas de la SCJ desestiman las inversiones de empresas locales y extranjeras, lo que sería perjudicial para el momento de crisis económica que atraviesa el país y la región.
En este sentido, el diario La Tercera publicó declaraciones del vicepresidente del grupo Boldt, Antonio Eduardo Tabanelli, en contra de la licitación. “Creemos que es un grave error iniciar un proceso que claramente es ilegal y que daña fuertemente a la industria, su empleo y la confiabilidad de Chile como un país serio donde se puede invertir”, sostuvo.
Asimismo, consideró que la regulación del juego online es un gran faltante en el país: “Existe en casi todos los lugares del mundo y prohibirlo no es evitar que la gente juegue, creo que lo más inteligente es regularlo y que haya limitaciones razonables al acceso”.
Licitación de 12 casinos
El pasado lunes 27 de julio, la SCJ anunció la apertura del proceso de otorgamiento o renovación de permisos de operación de casinos, que quedarán disponibles entre el 29 de julio de 2023 y el 14 de mayo de 2024. A su vez, reveló que recibirá consultas y solicitudes de aclaraciones durante los próximos 10 días.
Horas más tarde, la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) informó que los operadores tomarán acciones legales contra el Estado de Chile, ya que consideran que el proceso de licitación viola las normativas acordadas previamente.
Según denuncia la ACCJ, “esta ruta trazada por la superintendencia y respaldada por la subsecretaría de Hacienda tiene consecuencias muy negativas para nuestro sector”. Los actuales operadores han invertido más de 1.400 millones en los casinos, ante la promesa inicial —hace 15 años— de que tendrán derecho preferente para prorrogar sus licencias por otros 15 años.
