Es sabido que las políticas públicas basadas en el prohibicionismo no funcionan. Tampoco sirve la excesiva regulación normativa. Si bien el borrador del decreto del ministro de Consumo español, Alberto Garzón, no prohíbe en su totalidad la publicidad del juego, lo cierto es que la ahoga y le deja muy poco margen de actuación. Si tenemos en cuenta que España se encuentra entre los países del mundo con más baja tasa de juego problemático (0,3 por ciento), y que estas limitaciones se aplican únicamente al sector del juego privado (no afectan a SELAE y ONCE), las medidas propuestas por Garzón resultan, cuanto menos, desproporcionadas.
La legislación no ha ido tan allá como el propio Garzón había adelantado, o como en el caso de Italia, sin embargo, el decreto que prepara este Gobierno es excesivamente restrictivo. “Estamos ante medidas carentes de un soporte fáctico que justifique su adopción”, ha indicado a SBCNoticias Santiago Asensi, managing partner de la firma española Asensi Abogados.
El decreto, efectivamente, ha generado reacciones desde varios frentes, tanto de quienes piden endurecer la norma, como de quienes exigen una regulación más laxa. Uno de los interrogantes que surgen es cómo afectarán estas medidas a las cuentas de los medios de comunicación. Según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), sólo en los nueve primeros meses de 2019 las casas de apuestas invirtieron 123 millones de euros en publicidad. La patronal de las televisiones comerciales, UTECA, que engloba a todas las empresas del sector salvo a Mediaset, ha indicado que «hay una desigualdad entre las televisiones y las plataformas digitales» como Youtube, por lo que ha reclamado «igualdad de trato». Ha apuntado que “de aprobarse este decreto con esta anomalía, se dará la circunstancia de que aquellos colectivos más vulnerables, como son los jóvenes y los menores, recibirán una mayor presión publicitaria del entorno audiovisual online, con incitaciones a la apuesta».
En este sentido, Asensi ha afirmado que “el impacto en los medios de comunicación se sitúa en una pérdida potencial de entorno a 150 millones de euros anuales, tras la aprobación del decreto”.
Ha añadido que “lo extraño es que esos mismos medios de comunicación, que ahora se quejan de esa pérdida que les espera, son los que han atacado de forma permanente y sistemática al sector del juego, tanto online como presencial, en los últimos tiempos, con reportajes sensacionalistas que ofrecían una imagen falsa y absolutamente distorsionada de la actividad”.
Mientras tanto, la patronal del juego Cejuego está de acuerdo con fijar un horario de protección para menores en cuanto a la publicidad, pero pide extenderlo a SELAE y ONCE. “No hay un juego bueno y un juego malo”, han remarcado desde la patronal. Según el Anuario del Juego en España 2019 de Cejuego, las cantidades jugadas durante 2018 en SELAE y ONCE fueron de aproximadamente 11.160 millones de euros, de los cuales, dichos operadores públicos obtuvieron un margen de negocio de aproximadamente 4.220 millones de euros.
Para Asensi, “la desventaja legislativa y regulatoria de los operadores privados frente a los públicos es de tal magnitud, y se instrumenta y afianza con tal descaro, que no vislumbro ningún plan de actuación con el que los operadores privados puedan competir contra los públicos, más allá de continuar a la vanguardia de la tecnología, el servicio y la experiencia del cliente”.
“Con un 0,3 por ciento de juego problemático no se puede imponer una batería de medidas de este tipo, condicionando, entre otros, el derecho a la libertad de empresa de los operadores sin ningún fundamento sólido”, ha apuntado. Si el objetivo de la nueva regulación es dar respuesta a la alarma social generada por la supuesta expansión del juego, pero el sector público puede continuar con sus prácticas sin restricciones, estamos hablando de discriminación.
Recientemente, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que el proyecto de decreto “es tan solo un primer paso, y un primer paso muy importante. Algunos hablan de las casas de apuestas como la nueva heroína. Creo que lograr en las primeras semanas prohibir el 80 por ciento de la publicidad y estar además dispuestos a seguir dando pasos en esta dirección hay que valorarlo con moderación, sin perder la capacidad de autocrítica, pero de manera positiva.”
Asensi ha indicado que “es inquietante que un vicepresidente del Gobierno haga suyas las palabras de ‘algunos’ en las que se tacha al juego ‘como la nueva heroína’. Mientras que la heroína, como el tabaco o el alcohol, es una sustancia perjudicial para cualquier persona desde el primer instante en que se pruebe, el juego, entre otras virtudes, es una fuente de entretenimiento para la inmensa mayoría de los españoles”.
Lo sensato no es que el Gobierno siga dando pasos en esta dirección, sino que procure tomar medidas efectivas en materia de juego responsable para disminuir la ya reducida tasa de ludopatía. “Hay que evitar caer en soluciones extremas que únicamente tengan como fin contentar a una opinión pública adoctrinada en el populismo barato de algunos y en el amarillismo mediático habitual que rodea al sector del juego”, ha sentenciado.
