La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de El Salvador presentó la semana pasada el sitio online oficial de juegos y apuestas, Dale.sv. Inmediatamente, el anuncio fue cuestionado por varios funcionarios, ya que consideran que la LNB no estaría operando la plataforma por su cuenta, sino que habría surgido de un acuerdo anterior con el grupo israelí de juegos Tenlot.
Ahora, un grupo de abogados y de funcionarios del Gobierno salvadoreño pidieron que la Fiscalía en los juzgados Civil y Mercantil refuerce su demanda —presentada el pasado 3 de diciembre— en contra del acuerdo entre la LNB y Tenlot, con el fin de que se elimine la plataforma de juego.
Según argumentaron, en caso de que el sitio sea operado en parte por Tenlot, violaría el artículo tres de la Ley Orgánica de la autónoma. La regulación determina que “el negocio de lotería es actividad exclusiva de la Lotería Nacional de Beneficencia. En consecuencia, queda prohibido su ejercicio a cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o de derecho privado”.
Paralelamente, se iniciaron procesos de solicitud de información a la LNB para que revele si Dale.sv es operado junto con Tenlot, mientras que el organismo habría ampliado por dos años el plazo de la “reserva de la información”, surgida en julio del año pasado —junto con los rumores del acuerdo con Tenlot— y que originalmente tenía una vigencia de siete meses, según informó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP).
Asimismo, El Diario de Hoy consultó a la LNB por este caso, a lo que Argentina Valladares, jefa de Comunicación de la lotería respondió que“toda información tiene que ser solicitada a través de la Oficina de Acceso a la Información”.
Por su parte, el especialista en derecho administrativo José Marinero, uno de los abogados que encabezan el pedido de cancelación del sitio web aseguró a El Salvador que “no hay ninguna norma administrativa, ninguna norma dentro del ordenamiento jurídico salvadoreño que autorizaría un contrato entre la Lotería y un privado para el desarrollo de productos conjuntos y el uso de la marca, ninguno”.
Y concluyó: “La Fiscalía, quien ya dijo que el contrato es nulo y además está viendo que ya está operando, saben que están sucediendo actos de ejecución del contrato que tiene un origen ilícito, por lo tanto que vea posibles delitos cometiéndose”.
