Luego del fallo del Tribunal de Apelaciones de San Juan sobre las tragamonedas, la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (CJPR) adelantó que comenzará a controlar los locales que tengan máquinas.
Según citó La Voz al titular de la CJPR, Orlando Rivera, el organismo comenzará “la función de fiscalización que le confiere la ley”. Además, explicó que seguirán vendiendo y cobrando derechos por las licencias de operación, que podrían elevarse hasta las 85 mil.
“Próximamente, culminarán las reuniones con el Departamento de Justicia y la Policía para completar la coordinación de los operativos contra los negocios que operen máquinas sin licencia”, adelantó Rivera.
El funcionario advirtió que los que operen máquinas sin autorización serán citados ante la Justicia por violar la Ley de Máquinas de Juegos de Azar. En caso de avanzar la causa en su contra, podrían quedar sometidos a pagar multas de cinco mil a 20 mil dólares y hasta seis meses de cárcel, además de que se les confiscarán las marcas.
El Tribunal resolvió la semana pasada que son válidas las normas que estipulan el cobro por licencias a los operadores de estos equipos. De esta manera, le dio un revés a los operadores no autorizados, en medio de pedidos de regulación por parte de los gremios.
“Estamos dando pasos agigantados para que esta industria se posicione ante las nuevas tendencias de juegos, pero aún más importante, como una fuente de actividad económica creando empleos directos en la manufactura, programación, mantenimiento de máquinas, así como indirectos en las panaderías, colmados y otros pequeños comercios donde estas operan”, citó El Nuevo Día al portavoz de la Asociación de Dueños y Operadores de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, Rafael Hernández.
