Panamá aprueba un proyecto que alivia los pagos de los casinos

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó este martes el proyecto de Ley 295 con el objetivo de suspender por cuatro meses el pago de los servicios de internet, telefonía móvil y fija, y energía eléctrica. Los dueños de los casinos podrán acceder a este beneficio.

La asamblea anunció que los trabajadores por cuenta propia, los dueños de casinos, bares y restaurantes, y las micro y pequeñas empresas no se verán obligados a pagar los servicios por lo menos hasta julio. Además, tendrán opción de financiarlos en los próximos tres años.

El proyecto fue aprobado por todos los sectores del parlamento panameño, que buscaban una solución para aquellos que se han visto fuertemente afectados por el cese de actividades para frenar la expansión del COVID-19. Los principales bonificados serán las familias que perciban menos de 2 mil balboas por mes, que sus ingresos se hayan reducido, que hayan perdido su trabajo, jubilados y pensionados.

Asimismo, la medida no establece ningún tipo de interés para el que pague fuera de término y tampoco afecta el historial crediticio en la APC. La normativa le otorga el pago de un bono solidario a los trabajadores de aquellos comercios que se han visto obligados a cerrar y sus contratos se hayan suspendido temporalmente por 90 días.

“En el mejor sentido solidario con los panameños, se establecen con el 295 las medidas que incluyen la suspensión del pago de servicios públicos —sin que ello implique reducción o limitación alguna del acceso a los mismos— para toda la ciudadanía que actualmente se le provee de estos servicios”, dijo la Asamblea Nacional en redes sociales.

La diputada Yanibel Ábrego dijo que el proyecto es social y que “no le regala nada a nadie”, sino que “brinda una tregua de cuatro meses en tiempos de coronavirus”, pero que a todos le tocará pagar.

El mes pasado, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) modificó el horario de sus sorteos como parte de una serie de medidas impulsadas por el Ministerio de Salud. También creó un comité de vigilancia institucional con el fin de supervisar la implementación y el cumplimiento de las modificaciones.