Los reglamentos de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (CJPR) que regulan la operación de máquinas tragamonedas fueron avalados por un fallo de la Justicia local.
El Tribunal de Apelaciones de San Juan consideró válidas las normas que estipulan el cobro por licencias a los operadores de estos equipos. De esta manera, le dio un revés a los operadores no autorizados, en medio de pedidos de regulación por parte de los gremios.
Para Orlando Rivera, director de la CJPR, el fallo “dejó claramente establecido que la Comisión puede vender y cobrar derechos por las licencias para la operación de los equipos, según dispone la ley”.
Por eso, llamó a los negocios de máquinas a regularizar sus operaciones y a certificarse debidamente por la Comisión. Caso contrario, los dueños de máquinas que no paguen las debidas cargas estarán incurriendo en prácticas de competencia desleal para quienes sí están autorizados por la comisión, según explicó Rivera.
La decisión judicial habilita a la CJPR a continuar regulando el sector de la forma en la que lo viene haciendo. Por eso, el director explicó que quienes no se ajusten a derecho deberán pagar multas desde 5.000 a 20.000 dólares.
El fallo se conoció el miércoles, prácticamente en forma simultánea con la reunión que celebraron 65 operadores de máquinas nucleados por la Asociación de Dueños y Operadores de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta (Domar). Allí, discutieron sobre la necesidad de una regulación que establezca reglas claras para favorecer a los empresarios autorizados.
““Estamos dando pasos agigantados para que esta industria se posicione ante las nuevas tendencias de juegos, pero aún más importante, como una fuente de actividad económica creando empleos directos en la manufactura, programación, mantenimiento de máquinas, así como indirectos en las panaderías, colmados y otros pequeños comercios donde estas operan”, citó El Nuevo Día al portavoz de DOMAR, Rafael Hernández.
Uno de los puntos clave de la reunión fue que la falta de implementación de una ley que proteja a la industria es uno de sus principales obstáculos, por lo que el fallo del Tribunal de Apelaciones de San Juan podría ser un paso en la dirección correcta, según su consideración.
