El primer informe de la Contraloría General de la República (CGR) de Paraguay, emitido a mediados de la semana pasada, determinó que el operador de loterías Technologies Development of Paraguay S.A. (TDP) ha incumplido con el pago de aportes correspondientes a Ley 431/73.
Siguiendo los protocolos administrativos, la CGR informó los resultados tanto a la autoridad del juego local Conajzar, como al organismo estatal del que depende, el Ministerio de Hacienda. Si bien todavía no ha recibido respuestas, la CGR aseguró que organizarán una auditoría general una vez que ambos entes atiendan las solicitudes.
Meses atrás, la Unión Paraguaya de Veteranos del Chaco denunció a TDP, a la Conajzar y a la anterior concesionaria de loterías, Mepshow SA, por “malas condiciones laborales” y porque “jamás” ha recibido la ayuda financiera a través del impuesto contemplado en la Ley 431/73. De acuerdo al inciso A del artículo 32 de esta ley, “un impuesto del 10 por ciento sobre los beneficios de la quiniela será destinado al rubro de pensiones para los veteranos, mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco”.
“Lo que está fuera de duda es que la ley es bien clara en cuanto al porcentaje de retención y a dónde debería ser destinado; si se llegó a hacer o no, es una situación que está pendiente de respuesta por parte de Hacienda y Conajzar”, comentó Darío Ortega, director jurídico de la CGR, según publicó el diario local ABC.
Asimismo, afirmó que el organismo reiteró la solicitud de respuesta ante la Conajzar y que el nuevo informe derivará en otra autoría completa sobre las funciones del ente regulador. Por su parte, la CGR ya había denunciado por “irregularidades” a la Conajzar por el contrato de concesión del futuro casino, bajo la marca Vimérica SA.
Por otro lado, la Cámara de Senadores de Paraguay también aprobó el 17 de septiembre un pedido para que la Conajzar entregue informes sobre el destino de los premios no pagados desde 2015 a la fecha. El pedido del senador Abel González apunta a obtener datos estadísticos sobre todos los premios no reclamados, así como también sobre el destino de los mismos y si fueron enviados a instituciones benéficas.
A esto se suma que diversas organizaciones civiles le presentaron una solicitud directa al presidente Mario Abdo Benítez para que se establezcan medidas de transparencia en los procesos económicos de la autoridad del juego nacional. Las asociaciones denuncian que no han recibido “hace tiempo” los recursos económicos establecidos en la ley del juego local.
