La ACCJ de Chile demandará al Estado por la licitación de los 12 casinos

La Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) publicó un comunicado en el que señala las acciones legales que tomarán los operadores de casinos autorizados contra el Estado de Chile, ya que consideran que el proceso de licitación anunciado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) viola las normativas acordadas previamente.

Según denuncia la ACCJ, “esta ruta trazada por la superintendencia y respaldada por la subsecretaría de Hacienda tiene consecuencias muy negativas para nuestro sector”. Los actuales operadores han invertido más de 1.400 millones en los casinos, ante la promesa inicial —hace 15 años— de que tendrán derecho preferente para prorrogar sus licencias por otros 15 años.

En 2015 se aprobó una renovación de la ley de juego que orientó las bases y condiciones publicadas por la SCJ esta semana para iniciar un nuevo proceso de licitación sobre los 12 casinos que perderán la vigencia de sus permisos entre el 29 de julio de 2023 y el 14 de mayo de 2024. Por esta razón, no estaría contemplado el acuerdo inicial de prórroga con los operadores.

En este sentido, la ACCJ sostiene que “a los operadores de casinos no nos queda otra opción que iniciar acciones legales para defender nuestros derechos, lo que derivará en demandas contra el Estado de Chile ante tribunales internacionales, como el Ciadi, y tribunales nacionales y sus autoridades”. 

Además, argumenta que la SCJ “persiste en un actuar que atenta contra la ley vigente y que está siendo avalado por la subsecretaría de Hacienda, pese a que se ha señalado la gravedad en la ilicitud en su proceder”. Aunque la autoridad del juego invitó a un diálogo abierto con aquellos interesados en competir por una licencia, los actuales permisionarios insisten con que “no están dadas las condiciones para sentarse a conversar, mientras exista un proceso de licitación ilegal en curso”. 

“El llamado a conversar mientras se desarrolla el proceso licitatorio, que es un plazo breve, genera sin lugar a dudas una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los US$ 1.400 millones de inversión y miles de empleos que hemos aportado en los últimos 15 años”, explican.