La Caja Popular de Ahorros (CPA) de la provincia argentina de Tucumán rescindió el contrato de concesión de la empresa Ivisa, que operaba el Casino de Tucumán. De esta forma, el Gobierno estará a cargo de la administración del casino provincial.
CPA, cuyo trabajo se enfoca en aplicar las normas legales que regulan al juego en Tucumán, dijo que Ivisa había incurrido en incumplimientos que obligaron a tomar aquella decisión, según Los Primeros TV.
La Caja Popular consideró que hubo irregularidades en el mantenimiento de oficinas y depósitos dentro del edificio.
Ricardo Ozana, gerente del casino, le dijo al medio local que los 90 empleados del casino han sido despedidos, aunque Ivisa planea recurrir a la justicia para desafiar la decisión, ya que el contrato tenía vigor hasta 2026.
La semana pasada, los empleados le habían pedido a la Legislatura que permita la reapertura del salon. Sin embargo, durante la cuarentena el establecimiento fue inspeccionado y la CPA dispuso la clausura por peligros en su infraestructura.
En un principio, la Universidad Tecnológica Nacional iba a estar a cargo de analizar qué tipo de obras son necesarias para que el Casino de Tucumán pueda reabrir sus puertas, considerando “la naturaleza del edificio”. José Díaz, interventor de la CPA, había asegurado que las tareas se harían por etapas, mientras que Ivisa debía continuar con el pago de sueldos.
CPA aún no ha revelado qué pasará con la sala de juego y si continuará con la mejora de su infraestructura o avanzará con una nueva concesión.
