A partir del proceso de licitación actual de los casinos estatales de la Zona Este de la provincia argentina de Mendoza, Martin Cain, secretario general de la Unión Personal de Juegos Casino de Mendoza (UPJCM) emitió un comunicado en el que alertó la “gran preocupación” alrededor de las ganancias pretendidas por los participantes.
Si bien el Instituto Provincial de Juegos Y Casinos (IPJyC) había rechazado el pedido para que los trabajadores participen y fiscalicen el proceso de licitación, la UPJCM hizo eco de las tres ofertas presentadas.
En el caso de Desarrollos Maipú S.A., se solicitó un canon de 54,75 por ciento, Traylon S.A. pidió uno de 77,17 por ciento y Fuente Mayor, uno de 68 por ciento con un hotel y un 62 por ciento sin la construcción.
“Resultan muy llamativas y a nuestro entender excesivas las ofertas presentadas, en especial lo relacionado a los porcentajes requeridos y a los plazos de la concesión, más aun si los comparamos con las condiciones originales de la licitación y vigentes al día de la fecha, que son 49 por ciento de participación privada y un plazo de 10 años en la concesión”, dijo Cain, en representación a la Unión y los empleados del IPJyC.
Asimismo, dijo que el canon actual es “bastante inferior” a los ofrecidos en el proceso, a pesar de que el plazo inicial de la concesión haya sido por 10 años y que el actual se duplique a 20.
En consecuencia, los cálculos del sector económico de la organización estiman que por la primera oferta el Estado dejaría de percibir 60 millones de pesos anuales, por la segunda, 338 millones, y por la tercera, 228 millones.
“Exigimos que se evite que a través de los excesivos canones ofrecidos se financien obras privadas que quedarán en poder de los operadores, perjudicando notoriamente las arcas estatales”, agregó.
Y exigió: “Instamos al directorio del IPJyC conducido por Ida Lopez que a la hora de resolver tenga en cuenta los intereses del Estado provincial y de los trabajadores del Instituto, dado que constituye su principal responsabilidad como funcionaria pública en el cargo que ejerce”.
